Propuestas para una Comunicación Democrática en el Perú

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La agenda propuesta del Foro por el Derecho a la comunicación está enfocada en los siguientes temas:

1. LA COMUNICACIÓN COMO DERECHO HUMANO. La titularidad del derecho a la comunicación y de la libertad de expresión está en los ciudadanos y ciudadanas. Implica que las personas y los diversos grupos sociales tengan la capacidad y los medios para expresar información, opiniones y visiones de la realidad, y tengan acceso –a su vez- a diversas fuentes de información y opinión. El derecho a la comunicación es un fin u objetivo en sí mismo, pero es también un medio importante para garantizar y ampliar otros derechos y libertades de carácter político, social y económico.

2. PLURALIDAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Se debe garantizar la pluralidad de medios de comunicación y la convivencia equitativa de al menos tres tipos de medios definidos según sus objetivos o fines, la propiedad y la gestión: Medios comerciales, Medios públicos y Medios comunitarios. Ello supone generar condiciones legales y económicas para la igualdad en el acceso a la propiedad de medios impresos así como de autorizaciones de radio y televisión analógica y digital, abierta y por suscripción -cable y satelital- a nivel local, regional y nacional. En este sentido, señalamos la necesidad de revisar el plan maestro de televisión digital. Las herramientas de política pública orientadas a promover el pluralismo pueden ser reservas específicas del espectro radio-eléctrico, un trato preferencial para estaciones comunitarias y educativas, así como la dotación de fondos públicos para grupos sociales excluidos y marginados: indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes, LGTBI, entre otros, que promueven experiencias de comunicación educativa y comunitaria.

3. LÍMITES A LA PROPIEDAD Y CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN. Para garantizar la pluralidad y diversidad de medios, voces y visiones de país, se requiere limitar la concentración horizontal de medios de comunicación y también la propiedad cruzada o concurrente. Sin embargo, en la prensa escrita no existen normas que limiten la concentración, en tanto que en la radio y en la televisión los límites existentes han permitido la configuración de oligopolios que limitan la diversidad de voces en el espacio público y político. Actualmente en el Perú un operador puede acceder hasta un 20% de las autorizaciones disponibles por localidad y banda en la radio, y hasta un 30% en el caso de la televisión. Así mismo, no existen límites para la propiedad cruzada.

4. SISTEMA DESCENTRALIZADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El sistema mediático es altamente centralizado, los grupos y conglomerados mediáticos nacionales e internacionales con predominio en el país producen y distribuyen contenidos desde Lima, tienen además una participación predominante en el mercado publicitario. Se debería diseñar políticas públicas orientadas a fortalecer a los medios regionales y locales mediante incentivos económicos: publicidad estatal, fondos para producción local, y normativos: límites a las licencias otorgadas a un operador y a la cobertura de difusión de programación por el mismo operador, orientados a generar mayor producción local en radio, televisión abierta y televisión por suscripción (por cable y satelital).

5. MEDIOS PÚBLICOS. Implica diseñar marcos institucionales que permitan la conformación de directorios plurales y autónomos de los gobiernos de turno, y dotar de financiamiento público a los medios de propiedad estatal, tanto nacionales, regionales como locales, de manera que cumplan un rol de servicio público y sean expresión de la diversidad política, social y cultural regional y local existente en el Perú. Históricamente los medios estatales han sido instrumentalizados por los gobiernos de turno.

6. LA PUBLICIDAD ESTATAL COMO MECANISMO PARA PROMOVER EL PLURALISMO Y LA DIVERSIDAD. Se debe regular la publicidad estatal a cargo del gobierno central, de gobiernos regionales y locales, de forma que se cumpla con los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad y descentralización. Hoy en día se aplican criterios vinculados a una medición de audiencias técnicamente cuestionable y parcial, y predominan en algunos casos relaciones clientelares que establecen autoridades y agencias públicas con diversos medios y periodistas.

7. UNA AUTORIDAD AUTÓNOMA DE RADIO Y TELEVISIÓN. Se requiere contar con un órgano regulador autónomo y descentralizado del sector radio y televisión (digital, abierta y pagada o por suscripción), con participación de la sociedad civil organizada. El órgano regulador debe tener como facultades principales: otorgar, renovar y/o revocar licencias; promover la transparencia en el sector; organizar concursos de fondos públicos para investigaciones relacionadas con el sector; promover la producción independiente; realizar una auditoría de los procesos de otorgamiento y renovación de frecuencias para identificar irregularidades cometidas por administraciones anteriores en los últimos diez años. Actualmente la administración de las frecuencias de radio y televisión (digital), recae en el MTC, y ha tenido históricamente un manejo discrecional y clientelar.

8. ACCESO GRATUITO Y EQUITATIVO A PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS A FRANJAS ELECTORALES. Se debe garantizar, en períodos de campaña electoral, el acceso de los partidos y movimientos políticos a franjas de publicidad electoral en radio y en televisión financiadas por el Estado, de manera que se garantice el derecho ciudadano a conocer las diferentes propuestas de gobierno -nacional, regional y local- y el derecho de los diferentes grupos políticos a comunicar sus propuestas a los y las electoras. Las franjas electorales deben incorporar espacios para organizaciones civiles orientadas a la observación electoral y educación ciudadana.

9. GARANTÍAS PARA LAS Y LOS PERIODISTAS, COMUNICADORES COMUNITARIOS E INDÍGENAS. El respeto y la promoción del derecho a la comunicación implican garantizar la libertad de pensamiento y de expresión de los y las periodistas, a través de la figura de la cláusula de conciencia, mecanismo orientado a proteger su trabajo frente a cambios editoriales que violenten unilateralmente los acuerdos contractuales. Supone, además, garantizar los derechos laborales de los periodistas, comunicadores comunitarios e indígenas, sus vidas y condiciones de seguridad para el cumplimiento de sus labores en zonas de conflictividad social y violencia. Se debería dotar, así mismo, de fondos públicos a organizaciones de periodistas Y comunicadores independientes para promover el trabajo de investigación y fiscalización de la gestión pública.

10. TRANSPARENCIA EN LA INDUSTRIA DE LAS COMUNICACIONES. Se debe promover la transparencia en cuanto a la propiedad y el control de los medios de comunicación, especialmente para identificar posibles conflictos de interés en el tratamiento de los asuntos públicos, y de los mecanismos de acceso a autorizaciones para operar en medios de comunicación.

11. DERECHO A LA COMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. El Estado peruano debe garantizar el derecho a la comunicación para las comunidades indígenas, reconociendo su derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Además, debe adoptar medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberá alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural del Perú. Todo esto adecuado a lo que establece el convenio 169 de la OIT y lo que declara el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.