Los ocho argumentos falaces con los que Humala pretende evitar que Petroperú opere el Lote 192

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La observación realizada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa del Proyecto de Ley en favor de Petroperú para la adjudicación del lote 192  carece de fundamentos legales y técnicos, trata de sorprender a la ciudadanía al decir que “el Poder Ejecutivo de este gobierno cree en el fortalecimiento de Petroperú”, “tenemos una “vocación de impulso y fortalecimiento de Petroperú”. Nuestra crítica básica es que el documento del Poder Ejecutivo miente descaradamente para bloquear el desarrollo empresarial sostenible, de Petroperú  competitivo en favor del desarrollo nacional, mediante su ingreso a las operaciones de exploración y explotación del lote 192.

La propuesta de artículo que propone en su observación el gobierno de Humala es un descarado e ilegal favorecimiento lobbysta orientado a que la cuestionada empresa Pacific Stratus Energy del Perú, que goza en la actualidad de un irrito contrato temporal, de servicios por dos años, con el aval de Perupetro y del ministerio de energía y minas, tenga la “argumentación para ampliar su contrato a 30 años. El gobierno continua con su favoritismo a los grupos petroleros internacionales, que operan en nuestro país, entregándoles una renta estratégica de más de 13 mil millones  de dólares, considerando el valor económico de las reservas probadas del lote 192.

El art. 66° de la constitución prescribe que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que el estado es soberano en su aprovechamiento. Es en el ejercicio de este derecho que es de aplicación directa (no necesita reglamentación) que el congreso de la república ha planteado esta disposición complementaria y final de la ley 30130, que por su carácter de complementaria y final, sólo puede ampliar el sentido de la misma, sin modificarla en su contenido esencial.

LOS OCHO  ARGUMENTOS FALACES:

1. “Petroperú no puede distraer recursos del PMRT según art 6 Ley 30130 y su plan de reorganización corporativa”.

Mentira: Pues la consultora especializada contratada por el Estado, Wood Mackenzie señala expresamente que con la entrada al lote 192 y otras medidas se podra resolver  tema financiero del crecimiento estratégico de  Petroperu. 

Con la entrada de Petroperú a la explotación del lote 192, que es un lote en operación y a través de socios estratégicos, se garantizará utilidades para incrementar el flujo de  caja de la empresa.

En informe de Wood Mackenzie sustenta que Petroperú debe ingresar a la actividad de  exploración y explotación[1](E&E) que representa una nueva oportunidad para Petroperú a volver a tener una presencia en el segmento de negocios de hidrocarburos más rentable en el Perú, en la región, y en el mundo. Llevará a  un nuevo paradigma a Petroperú que definitivamente ayudará  en las perspectivas de sostenibilidad de la compañía en general por su generación de flujo de caja positiva y bajo riesgo esperado[2].

Agrega el estudio de  WM en el diagnóstico estratégico de la cadena de valor realizada  a Petroperú que la concibe como empresa integrada económica y terrotorialmente  con articulación  con el lote 192, el oleoducto nor oriental y la Refinería de Talara, formando un centro productivo logístico.

De otro lado, el lote 192 tiene un valor de US$ 13,000 millones bajo un escenario conservador de precios de US$50 el barril, además de estar ubicado en una zona con potencial de crudos livianos lo que augura su viabilidad financiera en el largo plazo. La producción del lote 192 podrá ser íntegramente consumida por la refinería de Talara modernizada, lo que contribuirá a la mejora de la situación financiera de Petroperú[3] así lo sostiene el Colegio de Ingenieros del Perú. Lo que coincide con las recomendaciones del estudio de Wood. Mackenzie.

2. La Ley aprobada por el Congreso, según el poder ejecutivo "Se puede interpretar", "implícitamente" como contravención al contrato temporal con Pacific.

Mentira: lo que se pretende es regalarle argumentos a Pacific Stratus Energy del Perú para que vaya al CIADI. Se llega al extremo de  pretender regalarle ilegal y dolosamente a Pacific Stratus  supuestos  derechos para ampliar su contrato a 30 años, cuando es solo temporal y no existe clausula ampliatoria alguna.

El Oficio Nº 172-2015-PR, documento sustentatorio de la observación a la autógrafa aprobada por el Congreso de la República, constituye un antecedente peligroso a los intereses del país, al pretender la Presidencia de la República una interpretación interesada y adelantar como si fuera vocero de la empresa Pacific, una supuesta violación de términos contractuales, fracasos de tratos directos,  posibilidad de arbitraje, pago de daños y perjuicios, todo ante la CIADI. Este documento oficial del gobierno peruano es un favor a los propósitos lobystas de la empresa Pacific Stratus  que entro con graves problemas a un contrato temporal de servicios por dos años y pretenden hacerlo trampolín para quedarse 30 años. Las ilegalidades y conflictos de intereses están siendo ya investigadas por Contraloría de la República a solicitud de  la Sra. Marisol Espinoza, Vicepresidenta de la República y Congresista.

El gobierno trata de confundir a la ciudadanía,  expresando  su apoyo descarado a Pacific, por lo que propone una interpretación con un escenario catastrófico, que  elevaría la calificación riesgo-país cortando al país su acceso a las fuentes del sistema financiero internacional. o también a una frustración de una eventual licitación internacional, para ampliar a dedo el contrato con Pacific por un mayor tiempo, con límite de 30 años.

Petroperú, es una empresa pública de derecho privado. Este carácter coloca en la empresa en situación de responder a un interés general. El interés general de la nación es un  bien jurídico. En consecuencia, esta modificatoria, no afecta nuestra calificación de riesgo país. Lo cual está reforzado con la práctica económica de nuestro país a lo largo de 22 años de vigencia de la actual Constitución Política que es el marco legal en el que se firman estos contratos Ley.

3. El Gobierno señala que "se puede interpretar" la ley aprobada por el Congreso que Perupetro no va a evaluar y negociar con Petroperú, sino simple y directa adjudicación. "lo que implica derogar contrato con Pacific y DS 027".  Miente. Se autoriza y habilita esta acción entre Perupetro y Petroperú, al haberse declarado desierto el concurso de contrato por 30 años, que es totalmente diferente al CT de 2 años. Más aun, Perupetro está autorizado por ley a negociar contrato para adjudicar directamente el lote a empresas petroleras y Petroperú está calificada como tal.

No es cierto  que el proyecto de ley aprobado por el Congreso pretenda modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ni tampoco cambiar la potestad y facultades de Perupetro (art 6 de la Ley 26221). La situación concreta es que la licitación internacional fue convocada y fue declarada desierta, debido a las condiciones actuales del mercado internacional de hidrocarburos y el esquema diseñado por Perupetro, a cargo de un ex funcionario de Pacific el que ahora armaría otro esquema licitario ( con subdivisiones del lote, rebaja de regalías, etc) para favorecer la entrada de Pacific Stratus..

Los estudios especializados señalan que esta tendencia decreciente de producción y precios internacionales seguirá por un periodo  largo, por lo menos 10 años, vinculado a la recesión de la economía europea, lenta recuperación estadounidense, y bajo crecimiento de economía china; además, del boom del shale gas y  las políticas de prudencia adoptada por la OPEP, por lo que el panorama no cambiara en dos años. Lo que pretendería Perupetro (entrevista a Zoeger, Presidente Perupetro, RPP, 26.09.2015) es cambiar las “reglas de juego” en mercado petrolero peruano, lotizar el lote 192, “lotes pequeños de 50,000 has, y rebaja de regalías, de actual de 30 a 15 % o menos, dice que hay regalías de 5 % en Colombia).

Es decir, el gobierno de Humala está preparando un gran  faenón petrolero, para rematar nuestro petróleo, a Pacific Stratus Energy, Pluspetrol u otra empresa extranjera similar. La alternativa patriótica es adjudicar un contrato de licencia  (art 10 de Ley general de hidrocarburos) para lo cual  la ley aprobada por el congreso autoriza y habilita a Perupetro y Petroperú a negociar contrato para adjudicar directamente el lote 192 a Petroperú que está habilitada legalmente, y calificada como empresa petrolera para este proceso empresarial.

La constitución Política no hace referencia a ninguna figura de “privilegio o preferencia”, lo que sí hace es señalar en su art. 61° que el Estado…combate…el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. En este caso no se configura ninguna posición de dominio del mercado petrolero por parte de Petroperú, tampoco crea una posición monopólica que beneficie a la empresa estatal, así que este no sería un argumento relevante para probar una supuesta responsabilidad por parte del Estado peruano.

 

4. "MEM considera inconstitucional" que se excluya a otros postores, incluyendo al contratista temporal. Ilegal Lobysmo descarado, del MEM comprometido con Pacific. Perupetro puede negociar adjudicación directa con Petroperú. Y el MEM miente cuando pretende regalarle a Pacific Stratus  el "derecho" de pasar de CT a 30 años, lo que no tiene, al tiempo que crear ilegal y lobbystamente la situación de hecho de usar el CT como via para prolongarse 30 años..  

El artículo 11 de la Ley Orgánica de hidrocarburos establece que los contratos para la exploración y de explotación de hidrocarburos pueden celebrarse a criterio del contratante, bajo el procedimiento de negociación directa o por convocatoria.

Por negociación directa, PERUPETRO y el contratista se ponen de acuerdo respecto a los términos que regirán la actividad que llevará a cabo el contratista, se verifica la calificación de la empresa, se emite el decreto supremo correspondiente y  se firma el contrato.

 

Lo que hace el proyecto de ley es autorizar a PERUPETRO a que bajo el procedimiento de negociación directa que permite la ley  y cumpliendo todos los requisitos reglamentarios, contrate con PETROPERU  la explotación del lote 192.  

El procedimiento de negociación directa lo aplicó PERUPETRO para el caso del contrato temporal de dos años con Pacific, al haberse cerrado la posibilidad del procedimiento por convocatoria (licitación) porque tiene la discrecionalidad de celebrar los contratos por negociación directa o por convocatoria que le otorga la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El ejercicio de esta discrecionalidad no significa discriminación sobre ningún conjunto de operadores  petroleros sino el ejercicio pleno que la ley consagra a favor de PERUPETRO en usar determinada procedimiento de contratación. En consecuencia no existe inconstitucionalidad alguna al autorizar a Perupetro a evaluar previamente y en negociación directa contrate con Petroperu la explotación de un lote petrolero.

El proyecto de Ley, no hace referencia al contrato temporal de servicios suscrito con la Empresa Pacific, ni al decreto supremo que la autoriza, no establece ninguna modificación a los términos de éste.

 

5. Dice que constituye "gasto público". Mentira, el PL  es solo una habilitación para adjudicación  directa levantando el candado de la ley 30130.

El proyecto de ley no dispone  ni implica destinar alguna partida presupuestal para gastos de operación del lote 192. Muy por el contrario establece que luego de celebrado el contrato  de explotación  PETROPERU está facultado a convocar conforme a ley a socios estratégicos que permitan implementar el mencionado contrato.

 

6. Dice que vulnera "separación de poderes". Mentira burda y grotesta deformación del mandato constitucional, con pretensión de recortar facultades y atribuciones del congreso.

Lo que dispone el proyecto de Ley es  exceptuar la aplicación del artículo 6 de la Ley 30130, para que PETROPERU pueda realizar actividades y proyectos sin restricciones. Es por tanto una modificatoria de la ley mencionada. Facultad que tiene el Poder Legislativo.

En cuanto a la autorización a que Perupetro previa evaluación y mediante negociación directa  suscriba contrato de explotación del lote petrolero 192 con PETROPERU, no es más que el ejercicio pleno de lo que la Constitución Política dispone en su artículo 60º que reconoce el pluralismo económico, coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa y que solo mediante ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

Por tanto tratándose de la actividad empresarial del Estado, el Poder Legislativo tiene toda la potestad constitucional para hacerlo, mas aun tratándose de una actividad estratégica nacional donde están en juego 13,000 millones de dólares y la seguridad energética del Perú y el destino del petróleo, recurso natural patrimonio de la nación y que el Poder legislativo tiene toda la facultad de cautelar conforme la jurisprudencia constitucional lo ha ratificado.[4]

 

7. Dice que está trabajando por la Amazonía, sin embargo para  Loreto no se resuelven las exigencias de Loreto ni la remediación ambiental y los acuerdos avanzados en la consulta previa no se cumplen:

La FECONAT Pueblo Kichwa ha señalado:

El proceso de consulta previa que conquistamos, el que ejercimos y el que hoy defendemos ha sido para nuestro pueblo el mayor desafío que hemos afrontado como comunidades organizadas del cual hemos sacado lecciones que nos servirán para trabajar por el desarrollo autónomo de nuestras comunidades.

Hemos enfrentado a un Estado que no ha está preparado para este reto. Hemos enfrentado a una empresa extranjera que para quedarse a seguir explotando dividió y enfrento a las comunidades. Hemos sido testigos de cómo las trasnacionales arrodillaban al Estado para que se les regale el lote. Y hemos levantado la bandera de que sea la estatal Petroperú ante un Estado entreguista y como respuesta digna de Loreto y el Perú.

 

Estos acuerdos son:

 

1.- AMNISTIA - El estado junto con la FECONAT promoverán un proyecto de ley de amnistía en favor de todos los indígenas sometidos a persecución penal como consecuencia de los conflictos socio - ambientales.

2. TITULACION - El estado a partir del 29 de agosto del presente año iniciara el proceso de titulación y/o ampliación de los territorios. En los territorios que se titulo excluyendo instalaciones petroleras, estos revertirán a las comunidades y en los otros la ampliación se hará con el objetivo de ir construyendo el territorio INTEGRAL.

3. CANON PETROLERO - El estado junto con la FECONAT se comprometen a presentar un proyecto de ley para modificar la ley de canon para ampliar los criterios de inversión pública y garantizar mayor participación indígena.

4. COMPENSACION - El estado garantizara el cumplimiento del derecho de servidumbre y/o compensación por uso de tierra desde el mes de setiembre del presente año.

5. SALUD - El estado implementara un programa de salud intercultural a cargo de la DIRESA - LORETO.

6. BENEFICIOS DIRECTOS - Las comunidades indígenas de la zona de influencia DIRECTA recibirán como beneficio el 0.75% de la producción fiscalizada orientadas PARA PROYECTOS DE DESARROLLO Y VIGILANCIA AMBIENTAL.

7. DESAROLLO DE VIVIENDA - El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento implementara acciones a través de sus programas con alcance en el ámbito rural:

- Implementara en principio, dos o más proyectos " Creación del centro de servicio tambo" en coordinación con la FECONAT.

- El Programa Nacional de Vivienda rural identificara en coordinación con la FECONAT y las autoridades locales, comunidades nativas para iniciar el trabajo de identificación y selección de familias beneficiadas. Se estima una primera intervención para beneficiar a 100 familias de las ccnn priorizadas.

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL - El estado se compromete a brindar apoyo técnico a través de profesionales destinados a capacitar en temas ambientales, referido a la actividad de hidrocarburos. Estas capacitaciones se harán 2 veces al año y para 20 monitores ambientales. La primera capacitación se realizara a los 60 días de firmado el acta de consulta.

9. EDUCACION - El estado se compromete a:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PARA DOCENTES BILINGÜES DE LA CUENCA DEL RIO TIGRE.

PROGRAMA DE BECAS PARA LA CUENCA DEL TIGRE:

- Beca 18 - Se pone a disposición 100 becas para los jóvenes del Rio Tigre para la convocatoria correspondiente al año 2016.

- Beca Doble Oportunidad - Se pone a disposición 50 becas para los jóvenes que no han terminado la educación secundaria. Lo cual permitirá su culminación y la inserción laboral.

- Beca de Amistad Peruano Ecuatoriano - Se ponen a disposición de 50 becas para los jóvenes de la cuenca del Rio Tigre accedan a estudios de educación superior en Ecuador.

Finalmente en el acta de consulta se dejo constancia que los derechos y afectaciones de los 45 años de actividad petrolera NO han sido resueltos y están pendientes.

 

8. Dice el Poder ejecutivo que la autógrafa "pone en riesgo a Petroperú".

Mentira. No adjudicar  a Petroperú el lote 192, con 13 mil millones de dólares de reservas probadas, y con potencial integral de hidrocarburos,   como señala WM, es poner en riesgo la modernización de Petroperú, la Refinería  de Talara, los combustibles limpios, la soberanía energética nacional, la remediación ambiental de la Amazonia.

 


[1]La entrada inminente de PETROPERÚ en la exploración y explotación (E&E) a través del Lote 64 abre un nuevo paradigma para la compañía nacional petrolera. La vuelta a la E&E demuestra la manera de crear una posición de bajo riesgo en activos no operados y en producción para generar flujo de caja y rentabilidad para sostener a PETROPERÚ en las próximas décadas frente a un negocio de Downstream poco rentable. Hay varios otros lotes que van a expirar hasta 2015 que incluyen Lote 192, Lotes de Talara y otros en la Selva que darían  otras oportunidades similares a PETROPERÚ” Informe WM. Pag, 14.

[2] Informe WM. Pag.23.

[3] Colegio de Ingenieros del Perú. Consejo Nacional. Pronunciamiento Lote 192.  Lima.9 de setiembre 2015.

[4] STC 006-2000-AI (FUNDAMENTO 2: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00006-2000-AI.html

Conforme al artículo 66° de la Constitución, los recursos naturales y renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento; según el artículo 67° del mismo texto constitucional, es el Estado el que determina la política nacional del ambiente y el que promueve el uso sostenible de los recursos naturales. El Estado, además, está constitucionalmente obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, a tenor del artículo 68°. En verdad, no sólo el Estado sino que cada uno de los peruanos tienen el deber de proteger los intereses nacionales, tal como lo señala el artículo 38° de la Constitución.