Gasoducto, nuevos motores y auditoría internacional

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Columna 'Cristal de Mira' de Humberto Campodónico

Todo el sur peruano aguarda con gran expectativa la llegada del gas de Camisea y que no sea solo Lima la que obtenga las mayores ventajas: GNV para los autos, conexiones domiciliarias que ponen de verdad el gas a 12 soles (aunque la cantidad de viviendas conectadas es todavía muy baja), combustible barato para las industrias (que ya no tienen que consumir los derivados, caros, del petróleo). Y así.

Ya ha habido un gran avance, pues el 30 de junio se otorgó la buena pro para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Tres semanas después, el 23 de julio, se firmó el contrato entre los ganadores (Kuntur y Enagas) y el gobierno peruano, con la presencia del presidente Humala y el ministro de Energía, Eleodoro Mayorga.

A pesar de ello, las expectativas de la población siguen al tope. Puno objeta que no se haya considerado un ramal que llegue a su región. En Quillabamba se protesta porque el contrato del GSP no prevé la construcción de una Planta de Fraccionamiento de Líquidos del gas natural en la zona y tampoco se ha considerado una planta envasadora de GLP en esa ciudad.

La frustración es grande porque la población no quiere seguir siendo “mecida”. Y si bien es cierto que algunos de los reclamos carecen de soporte técnico, no por ello las demandas y las expectativas son de importancia menor.

 La cuestión es que para la feliz conclusión del GSP no basta con su sola construcción, pues su enfoque no contempla la realización de un proyecto integral, sino solo la construcción del tubo. Pero no está definido con claridad de cuáles lotes saldrá el gas que se va a transportar.

Tampoco está del todo definida la demanda en el sur, pues lo único claro es que habrá tres centrales eléctricas que usarán ese gas, a lo que se agrega la demanda para uso doméstico y de GNV en las ciudades.

Pero lo más importante –y preocupante– es que no está contemplado el impulso a la petroquímica, que no solo significa una importante demanda de etano (que es uno de los componentes del gas natural), sino que pone en marcha los “nuevos motores” para el crecimiento económico: una industria nueva, alto valor agregado, centenas de Pymes, decenas de miles de empleos, aumento de exportaciones, disminución de importaciones, etc. (ver www.cristaldemira.com, 17/02/2014; 07/07/2014).

La petroquímica está contemplada en el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) aprobado el 28 de julio. Y da la pauta: “para el sector Energía y Minas, la línea de acción/intervención consiste en formular una estrategia de desarrollo para la industria petroquímica”.

Esa línea debiera ser la conformación de una Autoridad Autónoma (AA) de Alto Nivel que impulse el proyecto integral, con la participación de los diferentes ministerios y organismos del gobierno central y de los gobiernos de la Región Sur. Esta AA deberá consultar con los actores empresariales y con las “fuerzas vivas”, comenzando por las Cámaras de Comercio y otras instituciones representativas. Y si algunos temas debieran ir al Congreso, que se haga.

La AA debiera establecer cuáles son los lotes que abastecerán al GSP y la demanda del sur, pues eso no puede ser determinado por “el mercado”. Al 31/12/2013, según el último Informe de Reservas del MINEM, existen 18.6 TCF de reservas probadas y probables de los lotes 88, 56, 57 y 58. Estas reservas deben abastecer a Lima, a la exportación y al GSP.

Luego está la cuestión de la obtención del etano (que es el insumo para desarrollar la petroquímica del etileno) y de la construcción de un ducto de líquidos, temas complejos que debieran ser también resueltos por la AA. Y, finalmente, el tema de la propia industria PQ. La AA debiera definir bases y esquemas para los diferentes actores, incluyendo la participación del Estado a través de Petroperú.

Dicho esto, el proyecto se puede frustrar si es que prospera el planteamiento de realizar una “auditoría internacional” para determinar si la buena pro cumplió con las reglas del “debido proceso”, ya que uno de los postores (formado por GDF Suez, Sempra, TGI y Techint) objeta que haya sido descalificado horas antes de la apertura de los sobres. Esta “auditoría” ha sido pedida nada menos que por el Ministro de Economía, Miguel Castilla, el 21 de agosto (lo que incluye también al Metro de Lima).

Es comprensible que el postor descalificado reclame ante el Poder Judicial (GDF Suez se ha autoexcluido del reclamo), lo que ya ha hecho y se resolverá en los tribunales peruanos. Entonces, ¿para qué la auditoría internacional? ¿Qué pasa si nuestro Tribunal Constitucional dice que todo está bien y el auditor internacional falla al revés? ¿Y si es al revés? ¿Una auditoría internacional estaría por encima de la justicia peruana?

Pareciera que Castilla no confía en el buen funcionamiento de Proinversión, entidad que dirige, pues está adscrita al MEF. ¿Será porque no le gusta quienes han sido los ganadores del proyecto? ¿Se puede permitir que el ministro genere desconfianza internacional en las instituciones peruanas? No. Para nada.

Por tanto, debe dejarse de lado el absurdo de la “auditoría internacional”, a la vez que se constituya alguna modalidad de AA para concretar el proyecto integral del GSP, el buen funcionamiento del nuevo motor de la industria PQ para el crecimiento económico y la diversificación productiva del país.