Con el 'Paquetazo de la desigualdad' el Gobierno no busca reactivar la economía sino acrecentar las ganancias de un puñado de empresas

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Intervención del congresista Manuel Dammert en el Pleno del Congreso en el debate del 'Paquetazo'

Durante este mes de noviembre el Poder Ejecutivo ha aprobado y enviado al Congreso de la Republica para su aprobación, diversas medidas de política económica conducentes supuestamente a la reactivación de la economía nacional, en razón de la drástica desaceleración de la tasa de crecimiento que culminara este año alrededor del 3%.

Las iniciativas legislativas son de distinto orden. Algunas buscan incrementar el gasto público, con mayor gasto corriente y pequeñas obras para impulsar el consumo interno; otras se proponen la mayor eficacia de la administración pública para facilitar las inversiones privadas, aun a costa de garantías públicas por ejemplo de carácter ambiental, de derechos laborales, como un nuevo régimen especial laboral para jóvenes de 18 y 24 años, o competencias de los gobiernos subnacionales.

III. 1. Paquetazo de la Desigualdad: “El programa social de la plutocracia”.

El Gobierno no enfrenta la crisis recesiva que azota actualmente al país. Está dedicado a incrementar gollerías plutocráticas de los grandes grupos de poder económico. Se ha visto obligado a retroceder en algunos aspectos, como la Ley Coca Cola y la privatización de las empresas eléctricas, pero lo fundamental del paquete continúa. Su orientación es clara: beneficiar estructuralmente a un puñado de grandes empresas endeudadas, mientras aumenta la precarización del trabajo y la vida social. La ilegal consideración del paquetazo respecto al Trabajo, anula la condición social, humana, productiva e inclusiva, que la Constitución y los Tratados Internacionales de la OIT, otorga al trabajo y pretende reducirla a una mercancía a disposición del poder económico, vulnerando los derechos y el modelo tripartito institucional en las relaciones sociales y laborales.

El sector privado está siendo beneficiado al condonarse deudas tributarias, e incrementarse el endeudamiento público para Asociaciones Público Privadas (APP) y obras por impuestos, además de la precarización laboral.

a). Las Prebendas a los Grupos de Poder Económico

Según el MEF los proyectos de APP del 2012 al 2042 suman $ 9,803 millones. Es previsible una duplicación de la cartera de proyectos entre 2014 y 2015 por más de $10 mil millones de dólares, equivalente a casi el 5% del PBI del 2013 (José Luis Bonifaz, El Comercio 11 /11/2014). Estos recursos son aportes del Tesoro Público, en créditos o exoneraciones, que entregan a un reducido grupo de empresas el recurso con el que el Gobierno hizo caja todos estos años y no supo invertir en reactivar la economía nacional.

La situación es escandalosa. El sector privado beneficiario no tiene obligación directa para invertir estos regalos del presupuesto. Más bien, les servirán para cancelar su creciente endeudamiento e incrementar fáciles sobre ganancias. En julio del 2012, según cifras del BCR, el sector privado tenía una deuda de $20, 981 millones de dólares, la que se ha incrementado a julio del 2014 a $31, 326 millones de dólares. Si agregamos la deuda de corto plazo privada, subiría al 18.6% del PBI. El Estado ha ido en sentido contrario: en julio del 2012 tenía deudas por $ 26,254 millones de dólares y a julio del 2014 la redujo a $24,042 millones de dólares (Artículo de Raúl Mauro, “Rescatando al sector privado”). No solo para las APP, según el MEF, se transfiere S/.3,850 millones de nuevos soles. Es decir, un monto similar al presupuesto total del MIDIS.

El paquete económico, además, pretende transferir la rentabilidad de las empresas públicas, las rentas estratégicas y los bienes públicos, como en los sectores eléctricos e hidrocarburos, a un grupo de las poderosas y endeudadas empresas del sector privado. Pretenden privatizar Petroperú, las empresas eléctricas, el Banco de la Nación, las empresas de Saneamiento. Plantean la modalidad de vender sus acciones, y dejarlas bajo control privado total cuando vendan el 40 % de las mismas, venta accionaria, además, a precios de regalo. Con las empresas les transfieren el manejo de los precios y tarifas de bienes y servicios públicos estratégicos, como combustibles, agua potable y de riego, electricidad, que saqueara los ingresos de la población.

El paquetazo Segura-Confiep-PPK, regala a un puñado empresarial lobista los superávits fiscales que no invirtió Castilla, lo que llevó a la crisis económica actual, crisis que agudizara. El Paquetazo es, por cierto, el “Programa de la desigualdad social” a favor de la Plutocracia Lobista. Acrecienta la brecha tributaria a favor de las 250 empresas más poderosas, beneficiándolas con una suma de 750 millones de soles, además de poner a su disposición más de 5 mil millones de dólares que el MEF ha venido haciendo caja para transferírselos por diversas modalidades. Otorga discrecionalidad a un puñado de empresas para hacer uso como crédito público de las obras por impuestos y APP, supeditando a sus intereses las obras públicas.

b). Privatiza los territorios, afecta al medio ambiente y al patrimonio cultural.

Reduce los controles ambientales y de patrimonio cultural, Impulsando reprimarizar la economía, afectar gravemente los recursos naturales y el medio ambientales, y privatizar los territorios. Establece, de esta forma, la desprotección ambiental de los recursos naturales y de los sistemas de vida y trabajo de la sociedad.

 

 

c). Precarización del empleo y la vida social.

La otra cara de la desigualdad es la precarización del empleo y la vida social. El cholo barato es la consigna.

El mecanismo: un régimen sin derechos para los jóvenes, a fin de bajar el precio general del salario e incrementar la flexibilización de las empresas. Este régimen de vigencia de cinco años, contrata cada año, reduce las vacaciones a 15 días, anula la asignación familiar, las gratificaciones, las CTS, el seguro de riesgo, el seguro de vida, y el Estado asume parcialmente aportes a Essalud y a pensiones. Ciertamente no podrán formar sindicatos ni protestar. Está diseñado hasta el 25% de cada empresa, y sus efectos reales son de precarización inmediata del régimen laboral general.

Cambia sustancialmente el régimen laboral, con su precarización general. Permite amplios y arbitrarios ceses colectivos, sin justificaciones técnicas reales y a la discrecionalidad del empleador. Trastoca las condiciones de trabajo, reduciendo la atención de salud. Obliga a rebajar el suelo monetario por bonos que saldrán del salario del trabajador, haciendo que aguinaldos, canastas de navidad y otras modalidades, salgan del ingreso del trabajador y no de aportes de los empresarios. Bonos que, además, no son considerandos en el historial del trabajador para efectos de gratificaciones, CTS, Essalud y pensiones, robándole la vida misma al trabajador.

Restringe casi totalmente la defensa en el fuero laboral, que deja en una relación desigual, dando pase a la restricción para anular el carácter tripartito (Estado, empleadores, trabajadores) de la legalidad en la institucionalidad laboral en el Perú, adscrita a la OIT y los Tratados Internacionales.

III. 2. El paquete tributario: regalo al poder económico.

El proyecto de Ley 4007/2014, plantea promover la reactivación de la economía mediante una reforma tributaria, modificando las tasas del impuesto a las rentas del trabajo y de fuente extranjera, régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas para promover la adquisición de bienes de capital, contratos de estabilidad tributaria en minería asimismo se proponen modificaciones al texto único ordenado del código tributario y de la ley general de aduanas.

a). Reducción de impuesto a las empresas

Estas modificaciones tributarias significan fundamentalmente una reducción de las tasas actuales cuyo nivel máximo eran del 30%, planteándose una reducción progresiva en caso de las rentas empresariales, con tasa de 28% en 2015-2016; 27% en 2017-2018 y 26% en ejercicio 2019. Se argumenta que esta reducción de impuestos facilitara las inversiones y la generación de empleo con el objeto de recuperar la senda del crecimiento con tasas del 5%.

Además, si apreciamos las tasas vigentes en otros países latinoamericanos vemos que vamos a contracorriente: Con tasas de 30%: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Uruguay); con tasas mayores: Argentina: 35%, Brasil: 34%; Colombia: 33%.

b). Reducción tributaria de cuarta y quinta categoría.

Estas modificaciones tributarias significan en lo fundamental un aumento de las ganancias monopólicas de los grupos económicos dominantes, y una recuperación del poder adquisitivo de la tecno burocracia pública y privada, que constituye los segmentos A y B de nuestra población. El MEF estima una menor recaudación de 3 151 millones de soles, que representa más de 1,000 millones de dólares.

Es difícil de creer que este paquete tributario neoliberal se convierta en el motor de una política fiscal expansiva, que reactive la demanda interna. Los grupos económicos controlados por el oligopolio bancario-financiero, no tienen problemas de liquidez, disponen de los recursos existentes en sistema financiero, y pueden acceder fácilmente a créditos con tasas de interés baratas para financiar sus inversiones. Si no lo hacen, es por las restricciones externas, y la debilidad del consumo nacional, porque la mayoría de la población o recibe el salario mínimo de S/. 750 soles, o tiene ingresos promedio de S/. 1500-2000 nuevos soles, que la convierte en una precaria e inestable clase media, sobre-endeudada por los créditos de consumo, y que tiene problemas para acceder a créditos de largo plazo, como la adquisición de una vivienda mediante préstamo hipotecario.

El economista Humberto Campodónico, en la Republica, del día 24/11 ha denunciado, que son altamente beneficiadas un conjunto de 250 empresas, que la actualidad concentran el 49% del IR de tercera categoría, y que beneficiarían con un menor pago de 900 millones de soles, de esta forma el gobierno continua transfiriendo bajo diversas modalidades al empresariado recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, que cuenta con más de 5 000 millones de dólares.

Es poco creíble la afirmación del MEF que señala que se mantendrá la presión tributaria de las empresas en alrededor del 33%, en razón del incremento del impuesto al reparto de utilidades o dividendos (segunda categoría). Las tasas nominales se incrementan de la tasa actual de 4.1% progresivamente a 9.3% en 2019. Esto supone dos condiciones, capacidad efectiva de SUNAT y monitoreo de los manejos financieros de las grandes empresas, transferencias y compras mutuas, asentadas en nuestra economía. Este incremento de tasas es un saludo a la bandera. En el paquete se han suspendido los controles de la elusión tributaria a sunat, por carecer de personal especializado y capacidades operativas necesarias para este control. Se ha regalado la condonación de impuestos a un puñado de grandes empresas. Se ha entregado el mercado nacional a los importadores con reducciones arancelarias, afectando a los productores nacionales que producen para el mercado interno y para exportar.

c). Beneficios tributarios a empresas mineras, de energía e inmobiliarias, privatizando los territorios y la obra pública.

Para las empresas mineras que gozan de estabilidad tributaria, y que difícilmente renunciarían a estas gollerías frente una reforma tributaria que podría ser cambiada por el siguiente gobierno, el gobierno les da un adicional. En anterior paquete económico Ley 30230, del 12 de julio de 2014, se habían ampliado los beneficios tributarios para las inversiones complementarias, y se puso un límite mínimo de 250 y 500 millones de dólares según los casos.

Ahora el paquete neoliberal, reduce este techo mínimo a US $ 25 millones, y en un acto entreguista, como lo fue en nuestra historia el traidor. laudo de la Brea y Pariñas a favor de la IPC, establece el concepto de Unidad Económica Administrativa, al territorio comprendido en la concesión minera, en donde la autoridad y las decisiones de inversión quedan en manos de la empresa, de esta forma se crea nuevos enclaves territoriales al servicio de la economía minera extractivista.

Con este paquete económico, cualquier inversión menor puede gozar de los beneficios tributarios, que más podrían querer las empresas transnacionales de la gran minería, lo que es muy grave en el escenario actual donde se promueven inversiones mineras extranjeras de más de 50, 0000 millones de dólares, cubriendo una gran parte del territorio nacional.

También, se abre camino a la privatización de obras públicas en los territorios, por empresas sobre todo mineras, de energía e inmobiliarias, haciendo que ellas decidan en las APP y en Obras por Impuestos, las obras públicas a su antojo e interés empresarial, en los territorios de las concesiones mineras y no en función de planes públicos aprobados por los gobiernos y autoridades para el desarrollo de las poblaciones y la producción nacional.

El poder monopólico plutocrático goza de convenio de estabilidad tributaria, por lo que las grandes empresas mineras, petroleras-gasíferas, gozan de beneficios tributarias; incluso en los últimos años, presentan estados financieros sin utilidades, y algunas con pérdidas. La SUNAT ha señalado recientemente situaciones dolosas, de omisión al impuesto a la renta. Un mecanismo utilizado es la manipulación de las transacciones entre empresas extranjeras, muchas de las cuales son filiales o empresas asociadas al mismo grupo económico transnacional. Entre 2007 y 2012 las operaciones por precios de transferencia (monto que pactan dos empresas para transferir bienes, servicios o derechos) llegaron a 370 mil millones de dólares, de las que el 65% correspondieron a operaciones internacionales. La renta omitida por la manipulación de los precios de transferencia alcanzó los 350 millones de dólares en el 2013, lo que implica una omisión en el impuesto a la renta de 105 millones de dólares.

III. 3. Tres alternativas nacionales de Corto Plazo ante la crisis actual.

Como alternativa a este Paquetazo, son necesarias medidas específicas que incentiven en el corto plazo la producción, la obra pública, el trabajo y la mejora de las condiciones de vida de la población. Medidas que deben servir de impulso para que la inversión pública y privada se realicen en un marco institucional de afirmación de los derechos constitucionales y sociales del Perú.

Son urgentes los tres siguientes puntos:

PRIMERO.- Reducción del IGV. Nuestra propuesta es hacer una real política fiscal expansiva, reduciendo el IGV, en forma progresiva. El IGV en el 2013 fue de S/. 27,164 millones. Si se baja del 18 al 15% son S/ 4,527 millones, es decir, casi la misma cantidad que cuesta el paquete tributario neoliberal, y que puede ir a los bolsillos de todos los peruanos, sobre todo los de ingresos bajos para reactivar la economía de inmediato.

Además de la rebaja de tres puntos del IGV, proponemos dos medidas adicionales complementarias en la reactivación. Mejorar el desarrollo empresarial de la micro y pequeña empresa, e incrementar el salario mínimo.

Impulso a la micro y pequeña empresa. La iniciativa del paquete neoliberal acerca del régimen especial de recuperación anticipada del IGV para promover la adquisición de bienes de Capital es muy limitada, solamente está dirigida hacia las empresas ya formalizadas. Para la mayoría de las pequeñas y micro empresas, ya sean las 722,470 con ventas de hasta 50 UIT, o las 96,867 con ventas entre 50 y 150 UIT requieren incentivos para capital humano, para contratar personal con salario y derechos adecuados, así como tecnologías administrativas y de gestión de sus procesos para elevar su productividad y eficiencia. El incentivo del Estado, mediante la reducción del IGV permitirá ahorros para la contratación laboral con derechos, y asimismo, disponibilidad de recursos para la capacitación laboral y mejoramiento de sus capacidades empresariales.

Elevación del Salario Mínimo. Proponemos un salario mínimo vital a S/. 1,300, tras tres años de estar congelado, a alcanzar en esta reactivación de forma progresiva. El incremento del salario mínimo no es un obstáculo a la formalización, si aspiramos a un crecimiento con desarrollo e inclusión social, el nivel del salario mínimo es expresión del bienestar de los trabajadores y sus familias. Quienes se oponen son los grandes empresarios, quienes por su parte buscan la mayor flexibilización laboral, aspiran a ventajas competitivas basadas en trabajador “barato”, con salarios reducidos y sin derechos. Lo que es contrario a las necesidades del país para impulsar una economía del conocimiento y de la innovación.

Si realizamos un análisis comparativo veremos que el salario mínimo en nuestro país asciende a $ 267 dólares mientras que el promedio de la canasta familiar es de US $ 390 dólares, es decir representa el 68 % de dicha canasta para familias compuestas por cuatro miembros. Mientras que en países vecinos como Chile y Colombia, el salario mínimo es mayor, US $ 406 y US $ 293, y asimismo, su nivel es superior al costo de la canasta familiar, en Chile 40% y en Colombia, 99%. Proponemos que se incremente el salario mínimo de S/ 750 a S/.1,300 para acercarse al costo de la canasta familiar.

SEGUNDO.- Impulsar masiva inversión pública, articulando los niveles del Gobierno Nacional, regional y local, con los controles necesarios, para obras prioritarias en relación al agua, a la agricultura (pequeña, familiar, comunal), a los créditos para las Mypes a tasas preferenciales, a las conexiones de gas domiciliario, a las becas para los estudiantes, a los programas alimentarios y a medidas de mitigación y adaptación ambiental. Debe incluirse en el Presupuesto de la Republica al 2015 la autorización de partidas para esta política y programas de inversión desde el 2015.

TERCERO.- Afianzar los derechos de trabajo para lo cual el Poder Ejecutivo debe promulgar el proyecto de Ley General del Trabajo del Consejo Nacional del Trabajo (aprobado en un 95%), y debe dar curso a los derechos de negociación colectiva sin restricciones, incluyendo la administración pública y las empresas del Estado.