Unificar las luchas por la Patria y la vida digna

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Por Manuel Dammert Ego Aguirre

La actual crisis política marca el escenario nacional, con diversos aspectos. El país está entrando en recesión, y esta se descarga sobre la mayoría cada vez más empobrecida, sin servicios públicos,  y precarizada en sus diversas dimensiones.

El Gobierno y los fujimoristas, siguen negociando con la plutocracia financiera, el drástico shock neoliberal que han empezado a implementar. Está paralizada la producción nacional, está en crisis la industria, la agricultura y el comercio, y los servicios públicos están en deterioro brutal ante su obligación de atender a la población. El hambre y la pobreza del pueblo, incrementa las finanzas y sus estadísticas bancarias. Mientras esto ocurre, PPK presiona a su aliado para que le deje pasar diversas iniciativas lobistas, mientras el fujimorismo, voraz en su ansia de poder inmediato, negocia para amnistía a Fujimori, copar más cargos públicos y las vías para un triunfo electoral el 2021.

El Gobierno ha pretendido llevar al extremo la precarización de la educación escolar. La solución tecnocrática del despido tras  pruebas sancionadoras, sin capacitación real, ha condenado  a la precarización laboral y cultural al magisterio. El resultado: la protesta magisterial social sacude ahora todo el país. Los diversos contingentes de la lucha magisterial, más allá de sus diferencias, exigen una reforma educativa pública, la que mejore al maestro y la atención a los educandos, con el aporte sustantivo del Estado a la escuela y a la carrera pública magisterial.

El Gobierno trata de imponer un ajuste laboral neoliberal, que precarice el empleo, anula las CTS, desorganice los sindicatos, impida los reclamos colectivos en los sectores públicos y privados, y  destruya todas las conquistas sociales. También traba la soberanía energética al impedir la adjudicación directa del lote 192 a Petroperú. Y anula la diversificación productiva descentralizada que una la producción agraria e industrial con los grandes ejes energéticos del petróleo del norte y la Amazonía y del gas en el sur.

Una clara  mayoría ciudadana rechaza la creciente corrupción, en la privatización lobista del Estado, del Gobierno, vía Asociaciones Públicas Privadas (APP), de los servicios, como el agua, la salud, el gas doméstico, sea en la reconstrucción vía APP, o en las inversiones públicas, como salud,  educación y energía. La respuesta ciudadana, está en la lucha de la CGTP y los sindicatos por los derechos laborales.

Esta crisis social pretende ser controlada por la vía de una reforma político-electoral excluyente, antidemocrática, y de copamiento del Estado por representantes directos de la plutocracia financiera. Ensayan una reforma legislativa para reducir la representación proporcional a solo dos fuerzas políticas, bajo la modalidad de elevar a 2 millones las firmas para inscribir un partido, de colocar la elección de los congresistas junto a la segunda vuelta Presidencial, en función de cada uno de los dos candidatos de las mismas, de controlar directamente el Poder Judicial y otros órganos del Estado, a través del copamiento bipartidista del Consejo Nacional de la Magistratura, y de ilegalizar y disolver todas las organizaciones sociales productivas, culturales, comunales y asociativas, que puedan.

La ciudadanía está resistiendo democráticamente, afirmando los derechos y la soberanía de la Patria. Es la hora de unificar todas las luchas ciudadanas por la soberanía y la dignidad nacional.