Una reconstrucción centralista y privatista

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Por Manuel Dammert Ego Aguirre

El Poder Ejecutivo envió al Congreso su Proyecto de Ley 1249 para la Reconstrucción ante los desastres del Niño Costero. El lunes 24 está convocada una sesión especial y  para conocerlo,  debatirlo y aprobarlo ese mismo día.

El Gobierno busca su inmediata aprobación, con ofertas diversas, las que incluyen amnistías, entre otras perlas. Pero el texto enviado no tiene informes de los desastres ocurridos, no incluye propuestas de Plan de Reconstrucción, no plantea políticas ni siquiera esquemas básicos del Planeamiento y sus etapas. Se reduce a constituir una “Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. Propone un ARCA, distinta a la de Noé, altamente centralista, con ámbito nacional (presupuestal, normativo y ejecutor) para los próximos 4 años, y la que privatiza la reconstrucción y la llena de graves negociazos.

Lo que autoriza es que el Arca, como entidad de inversiones en ámbito nacional, va a durar los siguientes 4 años, y el Gobierno con este pretexto usará a su discreción el presupuesto en lo que le falta de periodo de gestión. No es el Acuerdo Nacional, ni Ceplan, ni una ley sometida al Congreso (como debería ser), la que decide el Plan Nacional de Reconstrucción, sino el ARCA de PPK  lo elabora y su generador lo aprueba. La modalidad de ejecución es básicamente privada y con financiamiento estatal. Y se le da al privado la ejecución contractual para la elaboración del expediente técnico en la ejecución de la obra. Se recentraliza el Estado, y los Gobiernos regionales y municipales, quedan subordinados al Arca de PPK y su poder recentralizado.

El arca de PPK se diseña como un organismo que no tiene ninguna reglamentación de administración estatal, ni ROF, ni MOF, ni CAP, ni otros sistemas públicos, es una relación directa con los privados ejecutores. Se privatiza lo Público. Inclusive se excluye a la Contraloría de los procedimientos administrativos y de control, y solamente se plantea un genérico control de legalidad. Estos procesos administrativos simplificados se pueden exonerar en cualquier ámbito del Estado por voto del Consejo de Ministros.

El Arca de PPK plantea un absurdo sistema de canje de obras por terrenos. Señala un descomunal absurdo de la gestión del territorio al plantear “que la inversión privada en el encausamiento y escalonamiento de ríos que genere tierras aprovechables” puede ser reconocida y privatizada la tierra. Pretende que el encausamiento de ríos, que es un asunto en costa, sierra y Amazonía, no sea por razones de gestión integral de los territorios para orientar sus diversos usos sostenibles, sino en función del lucro privado de algunos negociazos.

Se adiciona a lo anterior las inmensas facilidades para que piratas inversionistas vengan a lucrar con las urgencias de la reconstrucción. Se estiman entre 5 mil a 7 mil millones de dólares del Estado los que manejará el Arca de PPK a su libre disposición. Y se dictan facilidades para que los que deben impuestos y vienen de paraísos fiscales en vez de pagarlos se aprovechen del presupuesto público.

Saca a la Contraloría de acciones reales. Sanciona con la destitución a los funcionarios públicos que observen, objeten o se opongan a estos procedimientos draconianos. Y reduce hasta la banalidad los documentos que presentan al Arca los postulantes privados a los negociazos.

El Perú requiere que se debata y apruebe un Proyecto de Ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres así como para la prevención general nacional de los riesgos en la gestión de nuestro territorio, en costa, sierra y selva. El Congreso no puede abdicar sus funciones constitucionales. Más bien debería formar una Comisión Especial que elabore una propuesta integral y demandarle al Gobierno acciones efectivas en la reconstrucción, que comprende la rehabilitación inmediata ante los desastres, la atención real a las poblaciones y los problemas diversos existentes, asi como el planeamiento participativo, de la sociedad, de los municipios y regiones, en la organización de emergencia y en el plan ante los nuevos desafíos que supone la reconstrucción en las zonas afectadas y en riesgo.