PPK viola constitución para privatizar Sedapal e imponer tarifazo

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Por Manuel Dammert Ego Aguirre

En junio de 2017, hace un mes, con la Ley 30558, logramos la reforma constitucional que reconoce el acceso al Agua Potable como Derecho Constitucional.  El gobierno de PPK está obligado a cumplirlo. Pero ha primado nuevamente su afán lobista privatista, como ocurrió con el aeropuerto de Chinchero en Cusco, y en este caso, con la empresa Sedapal. Esta empresa pública de servicios de agua potable en Lima y Callao, el 2016 estuvo sexta en el ranking  de las empresas estatales con mayores ingresos: 1,737,446,000 (Más de mil setecientos millones de soles), que Equilibrium la califica el 2016 como empresa AA-pe, con ingresos que crecen a tasa anual de 6.3%, y muy alta capacidad de pagar capital e intereses. Este es el botín que PPK pretendía entregar lobistamente vía el Decreto Legislativo que fue modificado por el Congreso. Y ahora vuelve a la carga saqueadora.

El Congreso de la República debatió en junio de 2017 el DL 1280 de PPK que pretendía la privatización de Sedapal.  Por acuerdo  casi unánime se modificó dicho decreto, anulando el artículo 6 y la Disposición 8 y 9, que privatizaban y creaban una “Unidad Ejecutora” en el Ministerio de Vivienda, pretendiendo reducir Sedapal a las áreas suburbana de Lima y descuartizarla  en 4 empresas privadas. Ya se han presentado Iniciativas, guardadas como secretas en Pro inversión, el Ministerio de la privatización lobista, una de ellas nada menos que Odebrecht, las que obtendrían altas ganancias a partir de tarifazos  que pagarían los usuarios de Lima y Callao. Y sin resolver la gestión integral del Agua Potable en la segunda ciudad del mundo en un desierto, como sí lo considera el Plan Maestro de Sedapal.

El Gobierno de PPK pese a estar todavía en trámite la promulgación de la modificación del  privatista DL. 1280,  que corresponde realizar al Poder Ejecutivo  y  derogar su Octava y Novena Disposición Complementaria como acordó el Congreso, ha lanzado una campaña ilegal privatizadora y dobletemente inconstitucional.  Para liquidar a SEDAPAL, el Ministerio de Vivienda y Construcción está implementando por su cuenta e ilegalmente el proceso de privatización del agua potable  y la liquidación de SEDAPAL en Lima.

Así, el Ministerio de Vivienda, mediante D.S. Nº 080-2017, sustentándose inconstitucionalmente  en la ya derogada Novena Disposición complementaria del DL, crea el Programa “Agua Segura para Lima y Callao”. Esta no es más que una “unidad ejecutora”  dentro del Ministerio de Vivienda, a la que pretenden facultar para ejercer las funciones que hoy tiene SEDAPAL. Dicen: “Formular, ejecutar y supervisar  proyectos de inversión  en agua y saneamiento en el ámbito de la intervención de SEDAPAL, en coordinación con esta empresa”.

Pretende reducir a SEDAPAL a un apéndice de este programa, el que actúa bajo la dirección formal del Ministerio de Vivienda, y real de Pro inversión, y cuenta  con financiamiento, gestión administrativa y presupuestal propias como toda unidad ejecutora. El 22 de junio del presente año, mediante RM Nº 242-2017-MINVIV, se  aprueba ilegalmente el “Manual de Operaciones” de este Programa de recentralización, donde se termina de definir el proceso de liquidación de la empresa SEDAPAL, para pretender reducirla a las zonas periurbanas.

Quieren liquidar a Sedapal, para poder contratar con privados el descuartizamiento de los servicios de agua potable en Lima y Callao. Se sujetan a los servicios financieros y apetitos lobistas de las entidades financieras de endeudamiento. Ya están en fila en Pro inversión cuatro iniciativas privadas lobistas, para actuar como unidades independientes,  para Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro y la Atarjea. Una de ellas, ciertamente, de Odebrechet.  Y quieren dejar intocado el ilegal aprovechamiento de las reservas subterráneas de agua potable que consumen cinco principales de ellas (Backus, Lindley, Coca Cola, Ajeper, Gloria), con  un total de 21 millones de metros cúbicos anuales, por el que pagan por m3 solo un derecho de 0.14 céntimos. ¡Menos que los usuarios domiciliarios y  aun así se niegan a pagar sus deudas!   

Este Programa de  Inversiones se financia con endeudamiento externo y sujeto a “las políticas y procedimientos de los órganos de financiamiento”, que son caros, arbitrarios y abusivos.  Ciertamente, onerosos. ¿Y quién les pagará entonces? Obvio: Los usuarios de Lima y Callao, los actuales y los pocos que logren ampliar en el servicio. Su financiamiento reposa, realmente,  en el Tarifazo a los Usuarios. Es un asalto a la economía popular, que incrementará entre 10% y 25 % las  tarifas, anulando el subsidio a miles de familias de lima. Y dejará sin agua a la mayoría que actualmente está desabastecida, y que podría tener acceso al agua potable si se paga por el agua subterránea y este dinero se destina a las ampliaciones en Lima y Callao. Se anula el subsidio a miles de familias de Lima para enriquecer a un puñado de amigos del gobierno y lobistas profesionales.       

Asalto Inconstitucional  y lobista a los usuarios, actuales y potenciales, de agua potable en Lima y Callao. Violando la Constitución y las leyes. ¿El Congreso, en sus diversas fuerzas políticas, será cómplice y permitirá este atropello a la legalidad y este asalto lobista a los habitantes de Lima y Callao? ¿El pueblo ciudadano lo permitirá?