Perú: Negociazos, rediseños y desafíos de la geografía política

  • Sharebar

Por Manuel Dammert Ego Aguirre

En estos días iniciales de noviembre 2016, a escasos 4 meses del nuevo gobierno de PPK, se marcan pugnas cruciales en los grandes agrupamientos del escenario del poder. Se va ensamblando  la compleja nueva convivencia neoliberal entre PPK y FP, al tiempo que el poder económico privado acrecienta la directa administración del Estado. Ambos hacen frente a un masivo y ascendente poder de ciudadanía, que se expresa en el Frente Amplio y otras fuerzas políticas, y en el amplio movimiento social, que afirman el protagonismo ciudadano popular.

Primero, la captura del BCR. Este banco tiene un rol clave. El Fujimorismo pretende imponer los tres representantes del Congreso (Rey, Chilmper y Cuba), violando los requerimientos de conocimiento, experiencia y solvencia moral, establecidos en la ley orgánica del BCR. El Poder Ejecutivo designa los otros y tendrá mayoría.  Pero la violación de la ley  transforma  la composición del Directorio BCR en un  terreno de pugnas y canonjías, entre voceros de intereses  particulares. Esto es gravísimo en una entidad que tiene a su cargo los millones de dólares ahorrados por el Perú en del Fondo de Estabilización Fiscal. Esta captura  es muy grave ante las anunciadas crisis y modificaciones en el escenario financiero mundial multipolar.

Segundo, la captura de cargos estratégicos en la administración pública por representantes directos de las grandes empresas privadas. El símbolo de este enroque son “los negociazos” descubiertos que llevaron a la destitución fulminante del asesor presidencial en salud. Este caso es más que  un síntoma: es la regla con la que se están organizando las principales áreas de la administración pública. Se encarga la Dirección de Inteligencia (DINI) a un ex funcionario de seguridad en empresas mineras. El Poder Judicial queda subordinado  a la presión privada y la corrupción.  

Tercero, la acentuada crisis del sistema político y social, ante la que se anuncia una “reforma” pero para cerrarlo  aún más. Para este propósito se diseña hacerlo más dependiente del dinero privado y de la TV privada, elevar las vallas de firmas para excluir a nuevas fuerzas políticas, establecer sistemas para su concentración bipartidista  (elección de congresistas en segunda vuelta presidencial, etc.). Para ello acentúan debilitar la descentralización  (municipal y regional), dispersar los movimientos sociales (sindicatos, comunidades campesinas y originarias, asentamientos  humanos, cooperativas, etc.), trabar los empoderamientos de las mypes y pequeñas  empresas, así debilitar los movimientos populares de cultura e identidad.   

Las jóvenes y otros sectores democráticos, han convocado una marcha a la Plaza San Martin  contra la nueva repartija del BCR, símbolo de la arremetida lobista. El martes 8 de noviembre la ciudadanía  se movilizó para afirmar los derechos democráticos de la patria.