Miguel Castilla y el Lobby Coca Cola

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El exministro Castilla tiene responsabilidad fundamental en el lobby de la “Ley Coca Cola”, por pasar este proyecto de Ley al Congreso y  porque se incluyó el reclamo de la empresa  Coca Cola para evadir el pago de S/. 8 millones de soles, bajo la suscripción del presidente Humala y la jefa del Gabinete, Ana Jara.

Un proyecto de Ley de esta envergadura que es aprobado por el Consejo de Ministros tiene un procedimiento formal y obligatorio, donde todos los sectores presentan propuestas y esas propuestas tienen que ser estudiadas, calificadas y tramitadas, por lo que es falso que un asesor haya cometido un error, evidentemente  estamos frente a una acción lobbysta.

Se ha solicitado a la Presidenta del Consejo de Ministros y al flamante ministro de Economía que nos envíen formalmente las actas del Consejo de Ministros donde se aprueba este artículo;  queremos saber si alguien hizo objeción, si alguien hizo preguntas; que indiquen quién fue el consultor privado que hizo ese estudio, quién hizo llegar a manos el Ministerio de Vivienda ese estudio; si el ministro de Vivienda envió ese estudio con su firma al ministro de Economía y Finanzas- entonces Miguel Castilla-, ya que ese proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso tiene una responsabilidad directa de la cartera de Economía ya que es su competencia.

La gravedad del lobby aumenta, ya que en el Consejo de Ministros no se tomó en cuenta los efectos de ese proyecto sobre los municipios del país, sobre el impuesto predial, sobre las áreas públicas, sobre las esferas de políticas públicas;  el hecho constituye una acción lobbysta en el propio seno del Ejecutivo.

Alto a la privatización lobbysta

Solicitamos en el pedido de información  que se precise a quien se le ocurrió el nuevo esquema de privatización de las empresas del Estado, que pretende subvaluar los activos públicos bajo una venta compulsiva del 49% de las acciones.

Además de subvaluar los activos, el proyecto dice que una vez que han vendido más del 40% las empresa sale de los controles públicos, es decir que la empresa sale del control real del Estado, reducido a aspectos menores, por lo que en realidad se convierte en privada.

Están en juego todas las responsabilidades que tienen estas empresas sobre los bienes estratégicos públicos, como el agua en el caso de Sedapal, los combustibles y el gas en el caso de Petroperú y la energía eléctrica en el caso de Electro Perú, el crédito en el caso del Banco de la Nación.

Los titulares de la  PCM y el MEF tienen un plazo de 15 días para responder y entregar lo solicitado  al despacho parlamentario. De no ser así Ana Jara y Alonso Segura tendrán que responder ante el Pleno del Congreso