Ley de Hidrocarburos: El último Negociazo de PPK

  • Sharebar

Por Manuel Dammert Ego Aguirre

PPK anuncia que no renunciará a la Presidencia. Desafía a que lo vaquen del cargo. Son contundentes las pruebas que demuestran su corrupción moral, en los negociazos de First y Westfield Capital, en las ilegales  trenzas millonarias a su favor entre lo público y lo privado (ver Expediente PPK.  M. Dammert). Son más de seis inversiones públicas multimillonarias, en las que participó y se benefició dolosamente cuando estuvo en responsabilidad pública y obtuvo beneficios privados (Olmos, Gas Camisea, IIRSA Sur y Norte, Kallpa, etc.). Antes que el Congreso vote declarar su Vacancia en marzo 2018, PPK apresura más negociazos. El más importante en curso es el saqueo de las rentas estratégicas del Perú, en Petróleo y Gas, valorizados en más de 50 mil millones de dólares, para entregárselas a sus amigos y socios.

De un lado promueve que Techint, empresa en la que fue Director,  entre ahora al negocio, privatizando a su favor el Oleoducto Nor peruano a cargo de Petroperú. Y también promueve el saqueo pro lobista haciendo de Perupetro una entidad inconstitucional, que lo facilite y consagre la vil entrega de los lotes, para que puedan ser reclamados internacionalmente por las empresas lobistas favorecidas con supuestos derechos de “titularidad legal”.

PPK ha presentado al Congreso el PL 2145/2017PE que modifica la ley Orgánica de Hidrocarburos. Insiste en propuestas que ya se rechazaron el 2017 en el Congreso. El PL 2145 no se sustenta ni propone el necesario Plan de Matriz Energética Nacional para los próximos 30 o 50 años. Lo que plantea es concentrar la gestión de los hidrocarburos, inconstitucionalmente, en la empresa Perupetro para Privatizarlos; dándole las atribuciones de los ministerios y empresas públicas. La transforma en un órgano inconstitucional y  lobista, digitado desde Palacio de Gobierno, para suscribir de una vez Contratos por Largo Plazo, modificados con estas granjerías ilegales, que  son traiciones a la Patria.

Hace de Perupetro un superministerio inconstitucional, con facultades  y sin controles,  para la privatización de nuestros recursos energéticos, especialmente en petróleo y gas, asumiendo la titularidad y administrando los derechos de propiedad, reemplazando a la PCM, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente y otras dependencias públicas sectoriales, regionales y locales.  Este burdo Perupetro lobista es un brazo inconstitucional,  digitado desde la Presidencia de la República. Capta y entrega ingresos de los contratos. Acuerda, por sí, regalías (que ya Perupetro ilegalmente está aplicando al 5 %), exoneraciones de tributos, regula la infraestructura y  otorga derechos.  

El PL de marras autoriza que las fianzas a los contratistas también sean de las compañías de seguros, cuando el actual presidente de PERUPETRO estaría vinculado  a la empresa de Seguros La Positiva. Ya mostraron sus afanes lobistas cuando pretendieron  impedir que el lote 192 pase a Petroperú. Da a Perupetro el crucial Banco de Datos,  que a su vez  terceriza  a privados. Otorga lotes a discreción, con grandes ventajas e ingresos a los privados, perjudicando los ingresos públicos, y aplastando la legislación ambiental. Define, ante sí, modelos de contratos,  regalías,  cesiones y prórrogas, autorizaciones de áreas, exoneraciones de tributos, trasladando a los inversionistas derechos de propiedad y contractuales, regalándole por anticipado, como propiedad contractual, la renta de los recursos. Establece la gestión de los territorios, dejando de lado los recursos de la Patria, los derechos de los pueblos indígenas, de los gobiernos locales, y las obligaciones de ministerios y sectoriales. Establece esta traidora libre determinación de regalías a favor de los contratistas lobistas,  y en desmedro de la nación, las regiones y los territorios.

Afecta los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Excluye la sanción por incumplimiento. Se anula terminar el contrato por causa de daños ambientales de gran magnitud. Desaparece la obligatoriedad de la remediación ambiental a la terminación del contrato. Autoriza a los contratistas a construir  en los lotes las infraestructuras que quieran y convierte el derecho de tránsito del contratista, en un derecho de propiedad. Exonera a discreción de todo tributo a las importaciones. Sin estudio alguno, autoriza el uso de tecnologías de fracking, que usan la presión de agua para romper las rocas macizas del subsuelo, lo que en las singulares condiciones ecológicas del Perú sería un desastre en el mar, la costa, la sierra y la Amazonia.