La “Reforma antilaboral estratégica” de PPK

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Por Manuel Dammert Ego Aguirre

El Perú vive un periodo decisivo en su historia. El Gobierno de PPK dicta políticas de precarización absoluta, en alianza con el fujimorismo, y ambos sujetos al poder financiero neoliberal.

Esta política neoliberal abre las fauces de cocodrilo para engullirse los derechos laborales y sociales. Los contratos a plazo fijo, esto es, con plazo determinado a disposición del patrón, se han incrementado de 46.6% en 1998 a 74.1% el 2013. Han disminuido entre 1985-2008 los pliegos y convenios registrados de 2,500 a cerca de 500. En Lima la tasa de afiliación sindical ha disminuido de 21.9% el 1990 a 5% el 2011. El excedente de explotación (relación entre utilidades patronales y remuneraciones de trabajadores) ha crecido a favor del patrón, de 22.6% en 1991 a 41.5% el 2012. ¡Y ahora van por todo!

La actual ofensiva estratégica neoliberal tiene dos caras. De un lado, acentúa la privatización para el control financiero parasitario, destruyendo las bases de la industria y de la agricultura, entregando al saqueo privatizador de empresas transnacionales el petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad, los servicios públicos. También destruye la base tecno-productiva, industrial y de productividad, del agro, la industria. Impone una forma de acumulación salvaje, sustentada en obtener mayor valor a partir de la precarización general del trabajo y la vida.

7 de cada 10 trabajadores tienen contratos temporales. Han bloqueado la negociación colectiva por rama. Recortan derechos en regímenes “especiales” ya precarios: agrario, micro y pequeña empresa, CAS, modalidades formativas, etc. Han impuesto un arbitraje laboral causado, pese a que el Tribunal Constitucional y el CSJ han establecido su constitucionalidad por ser potestativo, sin causa. Pretenden una Ley Pulpín 2, para anular derechos a los jóvenes, sin capacitación y a plazo fijo, dejándolos descartables. ¡Y ofertan recursos del Seguro Social (EsSalud), para quebrar a este y privatizarlo!.

Con el seguro del desempleo y otras precarizaciones del trabajo y la vida, pretenden anular las CTS como propiedad de los pensionistas para que los Bancos se las apropien. ¡Precarizar la vida y el trabajo de la patria es la peor de las corruptelas!. El Perú no va a permitir esta agresión a la vida y los derechos del pueblo trabajador.