Decretos: objeciones desde la izquierda

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Por Manuel Dammert Ego Aguirre

El gobierno de PPK, con los decretos legislativos emitidos en uso de las Facultades Delegadas ha dado un nuevo Ajustón Neoliberal. Para 28 julio 2017, anuncia imponer su otro eje básico: “reforma laboral” (seguro del desempleo y precarización de derechos laborales), acabando con los derechos sociales.

Este inconstitucional Ajustón Neoliberal profundiza la actual pendiente financiera y recesiva. Deja de lado reactivar y diversificar la economía, abandonando la industria, el agro y los servicios. Adopta tímidas medidas tributarias a la pequeña producción (que incluye a las MYPES) en aguda postración. En contrapartida sigue fomentado un patrón de crecimiento primario exportador, que hoy está en crisis, no solo por la caída sostenida de los precios de las materias primas, principalmente minerales, sino por la multipolaridad y la consiguiente crisis del Capital Financiero Internacional.

Recentralización económica privatizada. El Gobierno insiste, con sus DLs, en la recentralización económica y administrativa del país, reconcentrando funciones y proyectos con altos costos financieros. Aprueba un presupuesto restrictivo. Aumentará la recesión. Busca darle a la plutocracia financiera los fondos fiscales ahorrados estos años, para que vía APPs (salud, educación, servicios, empresas) se apropien de superávits fiscales anteriores para sus negocios particulares. No ampliará el gasto productivo diversificado necesario para reactivar la economía.

Inconstitucional e ilegal privatización fragmentada de Petroperú. El Decreto Legislativo Nº 1292 (en sus art. 3.1, 3.2b y 3.2c del DL 12902, y la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1292) establece para la empresa pública Petroperú un negativo régimen de gobierno empresarial de Privatización Fragmentada. En dos años lo traslada a Fonafe, y diseña un tránsito en este periodo para transferirlos como separadas unidades de negocio a cargo del privado. Esta norma es ilegal, pues la ley autoritativa para la delegación, rechazó expresamente que se legislara para privatizar.

El Poder Ejecutivo no estaba autorizado para dictar como DL esta norma que promueve la privatización de la empresa y genera desequilibrios en su funcionamiento y gobierno corporativo afectando sus planes e inversiones en curso. En los incisos 3.1, 3.2b y 3.2c del DL 1292 se establecen las “Unidades de Negocios” como modalidad de fragmentar la gestión en unidades de negocios privatizadas de la empresa Petroperú. Se afirma que “Petroperú podrá celebrar contratos de asociación, jointventures, asociación en participación, prestación de servicios, arrendamiento, gerencia, gestión, u otros similares respecto a activos o negocios actuales o futuros, ya sea con entidades del Estado o con empresas privadas”. Agregan, con ironía, “sin que ello implique su privatización”.

Se establece en el art 3 en su inciso 3.1, la reorganización de la empresa estos dos años en diversas unidades de negocios, buscando con esta reorganización administrativa lo que denominan su “saneamiento patrimonial” y “el establecimiento de mecanismos para la separación de propiedad y control”, luego de lo cual en dos años se procede a que Petroperú, fragmentada en “unidades de negocio” privatizadas bajo diversas modalidades ( oleoducto, refinerías, lotes, almacenes, transporte, etc.), retorne al ámbito administrativo del Fonafe. El Oleoducto, la Refinería de Iquitos, entre otras áreas serían “unidades de negocios” con su propia lógica de rentabilidad. Las diversas áreas de la Refinería de Talara, que se construyen con millonario crédito español, estarían bajo una modalidad todavía más fragmentada, aprovechando ser beneficiarios del crédito que el Estado obtiene, pero en condición de “unidad de negocios”.

Quiebran de esta forma su perspectiva de empresa pública integrada al servicio de todos los peruanos, con un régimen corporativo empresarial moderno integrado, como lo tienen las empresas petroleras públicas principales del mundo en países de diversa orientación. Esta norma contradice las otras disposiciones que afirman la integración vertical; de producción, transporte y refinación. Las dinámicas, técnicas, económicas y de gestión pública corporativas de Petroperú requieren la gestión integrada empresarial, bajo la conducción de su Directorio calificado, como ocurre en todas las empresa públicas de todos los Estados del mundo.